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El senador Félix Bautista afirma que en República Dominicana, las figuras del referéndum consultivo, la iniciativa legislativa popular, el derecho de petición, el plebiscito y el referéndum aprobatorio para validar procesos de reforma constitucional, fueron decisiones políticas que introdujeron al texto constitucional, una amplia participación ciudadana en el ejercicio de democracia directa.

“El Art. 97 de la Constitución Dominicana establece la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “mediante la cual un número de ciudadanos y ciudadanas no menor del 2% de los inscritos en el registro de lectores, podrá presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional.”, indica.

Explica en un artículo que hay dos posiciones contradictorias; por un lado se plantea que este modelo de iniciativas debilita el poder de los representantes electos, y por el otro se argumenta que estos permiten a los ciudadanos asumir un mayor compromiso democrático, convirtiendo estos procesos en escuelas de “ciudadanía” al tener mecanismos que permiten a los electores someter proyectos de ley.

“Tradicionalmente el derecho de iniciativa legislativa ha estado vinculado al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Junta Central Electoral, estos últimos en materia de su competencia”, dice.

Afirma que la propuesta de ley de ILP, actualmente pendiente de aprobación en el pleno del Senado de la República, trata los aspectos relativos a los objetos de regulación, las materias restringidas, los sujetos legitimados para ejercerla, la publicidad y el control para la recolección de firmas de adherentes, el órgano que certifica las firmas y el procedimiento y trámite en las cámaras legislativas para su correspondiente sanción. Explica que el proyecto de ley consigna en su Art. 8 que las ILP pueden versar sobre cualquier materia, a excepción de las limitaciones expresamente citadas en la Constitución y en la ley.

Pone como ejemplo que no pueden regular las materias siguientes: reformas constitucionales, normas tributarias o presupuestales, regímenes salariales, defensa nacional, normas de relaciones internacionales, estructura y organización de los poderes públicos, régimen económico, monetario y financiero y lo relativo a la organización territorial.

“El flujograma para la propuesta de una ley a través de iniciativa legislativa popular es el siguiente: se crean una comisión gestora y una comisión proponente, las cuales deben lograr no menos de 2% de las firmas del registro nacional de electores; se deposita el pliego de firmas en la Junta Central Electoral (JCE), la cual dispone de un plazo de 60 días, prorrogable hasta por 30 días adicionales para la verificación, validación y certificación de las firmas”.

Señala que si al verificar las firmas no se obtiene el 2% requerido, la JCE la devuelve a los proponentes, otorgándole un plazo de 30 días para completarla.

Y añade que “si en ese plazo no se adicionan las firmas requeridas, la JCE desestima la solicitud de ILP; si se insiste en continuar con la propuesta, los proponentes deben esperar un año para presentarla de nuevo; por el contrario, si se logra el 2% de las firmas, la JCE emite un certificado de validación y la comisión proponente deposita el proyecto de ley, el certificado y registro de firmas por ante la Secretaría General de una de las cámaras legislativas; la Secretaría General la remite a la comisión coordinadora para su toma en consideración, instancia que dispone de un plazo de hasta 15 días para admitirla o rechazarla”.

Fuente: Listín Diario
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